Organizaciones sociales y comunitarias participan en la construcción de instituciones democráticas efectivas desde el territorio, capaces de dar respuesta a las necesidades de paz basada en un enfoque de derechos.
Las acciones de este proyecto se fundamentan en la necesidad de propiciar la construcción y
reconstrucción de relaciones entre los diversos actores sociales de base comunitaria y entre estos con la
institucionalidad pública, las cuales han sido deterioradas a consecuencia de varios fenómenos, entre los
que se destacan: (i) La presencia de grupos armados ilegales y la lucha por el control territorial entre estos
y con la fuerza pública y las afectaciones que esta confrontación ha generado sobre la población, las
comunidades locales y el territorio. (ii) Las diferentes visiones que existen sobre el territorio, y la
debilidad de actores públicos y sociales nacionales y territoriales para construir agendas de desarrollo y
paz que los convoquen en torno a objetivos convergentes. (iii) La debilidad institucional de los
municipios para anticipar y gestionar las tensiones que se presentan entre los diferentes actores, y las
implicaciones y conflictividades que de ellas derivan, unida a la baja presencia del departamento y la
Nación para contribuir al desarrollo local; (iv) El incumplimiento sistemático del Gobierno Nacional a los
acuerdos y compromisos suscritos con las organizaciones y plataformas sociales y comunitarias,
derivadas de protestas y movilizaciones de alcance regional y nacional, que expresan el descontento sobre
determinadas políticas públicas.
La acción parte de reconocer que en el movimiento social y comunitario hay una idea de Estado,
imaginarios sobre el territorio e intereses individuales y colectivos en torno al desarrollo y la paz que no
necesariamente son coincidentes y que por lo tanto es necesario generar espacios de encuentro para que
estos sean expresados y tramitados por los mecanismos institucionales, a partir de la construcción de
confianza y el reconocimiento de la legitimidad de actores públicos, privados y comunitarios, para lo cual
se deben establecer reglas de juego que posibiliten un diálogo constructivo, que permita ordenar las
apuestas colectivas en forma de agendas comunitarias y vincular dichas agendas con las políticas
públicas territoriales y nacionales.